DE LA PÉRDIDA DE CONFIANZA Y OTROS CAPRICHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Recientemente han circulado los nombramientos de David Alexir Ledesma y de Edith Arrieta Meza como subdirectores en CONACYT. Estas contrataciones han generado inconformidad entre la comunidad científica debido a la falta de preparación de los involucrados para los cargos en los que fueron nombrados. También han generado una serie de ataques a la vida privada de Ledesma, quien compartió fotografías íntimas que sus detractores aprovecharon para publicar en medio de la polémica. Lo cierto es que no es la primera vez que se nombran personas cuyas habilidades no corresponden con sus funciones, tampoco es la primera vez que servidores públicos son exhibidos en paños menores. Un ejemplo de ello es la ex directora general de política pública de derechos humanos en la secretaría de gobernación, María del Pilar Torre Canales, quien se proclamaba defensora de los derechos de los animales y sustituyó en el cargo a una persona con doctorado y más de 20 años de compromiso y experiencia en la defensa de los derechos humanos. Dicha persona percibía un monto, no de 44, sino de 154 mil pesos mensuales.

La forma en que se dan los nombramientos y las destituciones dan lugar para reflexionar sobre la administración pública de carrera, con quien Andrés Manuel López Obrador se ha ensañado en aras del combate a la corrupción y la austeridad republicana. El Servicio Profesional de Carrera fue instituido en el sexenio de Vicente Fox para fortalecer la igualdad de oportunidades en la asignación de puestos laborales en la administración pública federal y, de esta forma, asegurar que los burócratas que ingresaran al servicio público fueran quienes contaban con mayor mérito y preparación para ocupar el cargo en concurso. Cabe señalar que el servicio profesional de carrera sirve para asignar puestos de confianza, no de base ni sindicalizados. Esta distinción legal, entre trabajadores de base y sindicalizados, tiene implicaciones prácticas que dan lugar a incentivos perversos para los burócratas que se traducen en desvíos burocráticos; dados, ya sea por, indulgencia, ignorancia, impericia o maldad; y que pueden ser interpretados por el observador como corrupción.

En esta entrega, reflexiono en particular sobre la (mal) llamada “pérdida de confianza” y los incentivos perversos que ésta genera en los burócratas, quienes viven temerosos de los vaivenes políticos. No es difícil imaginar los incentivos que el legislador tuvo para mantener este supuesto como motivo para despedir a los servidores públicos, pues los diputados y senadores encargados de aprobar esta ley fueron personas con intereses mundanos, sedientos de dinero, prestigio y poder. Una de las maneras de mantener el poder en un entorno autoritario, entendido como un sistema político en el que se respetan las formas de la democracia mas no su esencia, es justamente asignar cargos a sus allegados, de manera que, si un servidor público desea asegurar su subsistencia en el servicio público, debe actuar conforme a la línea que le dé su padrino político. Así era como el PRI aseguraba la disciplina partidaria.

La primera consideración al respecto es la falta de universalidad, plasmada como principio constitucional en el artículo primero de nuestra carta magna, de los derechos de los trabajadores. Ésta se refiere a que todos los derechos humanos son aplicables a todas las personas por igual, sin distinción por raza, credo, ideología política o preferencia sexual. La ideología política juega un papel crucial con este respecto, pues tanto trabajadores de base como trabajadores de confianza se encuentran en el supuesto de prestar un servicio para las dependencias e instituciones que comprende el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, los trabajadores de base consiguen mayor protección de derechos laborales por estar afiliados a una asociación política que impulsa los derechos de los trabajadores, mejor conocida como sindicato. De esta manera consiguen proteger “derechos” como la inamovilidad, jornadas de trabajo de ocho horas, pago de horas extra, preferencia frente a los trabajadores no sindicalizados, reinstalación, pago de salarios caídos, indemnización por separación injustificada, licencias sin menoscabo de derechos y antigüedad, por mencionar algunos. El título segundo de la citada ley menciona que son derechos, pero no pueden ser llamados derechos los tratos especiales que, con motivo de la filiación política a un sindicato, consiga un trabajador, pues, por definición, son universales o no son derechos. Con esto no digo que haya que quitar a los trabajadores de base los derechos que han conquistado, sino que es más congruente con el discurso de los derechos humanos brindar los beneficios también a los trabajadores “de confianza”.

La segunda consideración corresponde a un problema de entorpecimiento de la burocracia, pues la permanencia en el empleo depende de la simpatía con el jefe y no de las habilidades técnicas del servidor público. Un documento de cese que revisamos en esta firma* afirmaba que los titulares tienen la libertad para remover a los trabajadores de confianza. Una libertad plasmada en reglamentos internos de la secretarías y que sería a todas luces inconstitucional, ya que, falla en proteger el principio de universalidad de los derechos humanos de los trabajadores del Estado. Además, la relación “de confianza” que detenten los titulares con sus subalternos poco tiene que ver con la preparación, experiencia y pericia en la dependencia. Por muy inmaculados que nos parezcan los titulares, también suelen participar en chismes y llegan a sucumbir ante actitudes zalameras de sus subalternos. Si la permanencia y ascenso en el empleo se basa en la habilidad para tejer intrigas y adular al jefe en lugar de basarse en las habilidades técnicas del burócrata, se perderían recursos humanos valiosos, preparados y con conocimiento muy especializado de los procesos en la administración pública. Esto hace que cada vez que cambie la administración deba invertirse tiempo y recursos en la actualización y capacitación de los nuevos funcionarios públicos. Además, mientras trabajan sin haber recibido capacitación pueden cometer cualquier tipo de indulgencia, imprudencia o impericia que puede terminar en mal uso de recursos públicos y, eventualmente, leerse como corrupción y no como falta de preparación.

La tercera consideración responde a los intereses de la Nación, pues se afecta seriamente al patrimonio público por el costo de las indemnizaciones que conlleva despedir gente por mero capricho de los altos funcionarios –mal llamado “pérdida de confianza”. También, la Nación sufre de un problema de agencia, pues los burócratas tienen incentivos para responder a los intereses del jefe directo, no al bien común citado en los planes nacionales de desarrollo, ni a los fines de los programas públicos que atiendan. Los altos mandos pueden tener intereses distintos o contrarios a los de la Nación y, al ser tan subjetiva la “pérdida de confianza”, se corre el riesgo de despedir a un servidor público por intentar velar por los intereses de la Nación. Como ejemplo está otro caso que revisamos en la firma*, en éste, el jefe le pidió la renuncia a un servidor público de carrera por haber ingresado un escrito al órgano interno de control. Si los servidores públicos temen perder la confianza de los superiores jerárquicos y, por ello, no denuncian posibles actos de corrupción al órgano encargado de velar por la buena práctica de los servidores públicos, estamos perdiendo una gran oportunidad para deshacernos de la corrupción.

La cuarta transformación parece seguir la inercia del régimen priista, pues con el argumento de la “pérdida de confianza” despidió masivamente de diversas dependencias a miembros del Servicio Profesional de Carrera –la más sonada fue el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero no fue la única- el pasado mes de diciembre. Debido a la gran confianza de la cual gozaban Ledesma y Arrieta, pudieron conseguir un empleo para el cual no estaban calificados. Sin embargo, estos funcionarios, al menos tuvieron la vergüenza y la decencia para renunciar al cargo. Esto puede distinguir a la cuarta transformación del autoritarismo priista, pues en el caso de Torre Canales no bastaron las quejas por violaciones a derechos humanos y discriminación que pesaban en su contra ni el repudio de los miembros de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos por su nombramiento. En estas diferencias en los modos de operar se puede ver la buena voluntad de la cuarta transformación. Para no quedarse sólo en buenas intenciones, es necesario que el nuevo gobierno aproveche el bono de legitimidad con el que cuenta para derribar los vicios y romper las inercias que dejó el autoritarismo priista. Para ello no sólo es necesario el esfuerzo y la voluntad del presidente, legisladores, burócratas y poder judicial. También, es necesario que nosotros, como pueblo bueno y sabio, mostremos los puntos ciegos a las autoridades, demandemos nuestros derechos y aprovechemos que nuestro presidente no mandó al diablo a las instituciones para hacer uso de ellas.

*Los casos citados están siendo revisados por la firma, para que sean abordados en este artículo, los afectados cedieron su autorización. IUSNET por ningún motivo difunde información de los casos que tratamos sin previa autorización de nuestros clientes.

Meztli Cruz Tequipanecatl es egresada de la licenciatura en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Comprometida con la promoción y defensa de los Derechos Humanos por vocación. Se ha desempeñado como servidora pública de carrera para el Gobierno Federal. Actualmente, es Socia Fundadora de la firma de consultoría jurídica IUSNET.

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